Las infecciones de transmisión sexual afectan a más de 374 millones de personas cada año, muchas de ellas sin saberlo, pues estas infecciones suelen ser silenciosas. Las consecuencias pueden ser graves: infertilidad, cáncer, muertes neonatales, enfermedades crónicas. Mujeres, jóvenes, personas LGBTQ+, trabajadores sexuales y quienes viven con VIH son los más afectados, muchas veces sin acceso a diagnósticos ni tratamientos oportunos.
Reducir los nuevos casos a la mitad —o incluso más— de aquí a 2030 es posible, pero exige un cambio profundo: hablar con libertad de salud sexual, ampliar la educación, facilitar pruebas y tratamientos, vacunar más y mejor, y eliminar el estigma. Se necesitan servicios que no juzguen, que acojan, que traten. Servicios integrados en la atención primaria, conectados con la salud reproductiva, mental y comunitaria.
Hay herramientas disponibles, pero aún no llegan a todos. Solo el 14% de las niñas están vacunadas contra el VPH, y menos del 70% de los países actualizan sus planes para combatir estas infecciones. Faltan datos, faltan pruebas confiables y baratas, faltan medicamentos para infecciones resistentes. Las campañas deben ser claras, cercanas, pensadas desde las realidades locales. Y quienes viven estas situaciones deben ser parte activa de la solución: organizándose, educando, liderando.
Prevenir, diagnosticar, tratar, acompañar: cada paso cuenta. La innovación —en vacunas, pruebas, tratamientos— debe acelerarse. El financiamiento debe aumentar. Las leyes deben cambiar si impiden el acceso. La salud sexual no es un privilegio, es un derecho. Y cuidar ese derecho es construir un mundo más justo, más sano y más libre para todas las personas.
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